La justicia gabonesa pide cadena perpetua para los prófugos Sylvia y Noureddin Bongo, esposa e hijo de Ali.

Sobre sus hombros pesan más de diez cargos: blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, asociación criminal, recepción de bienes robados, entre otros.

Ha iniciado oficialmente este lunes, 10 de noviembre, en Libreville (Gabón), el juicio contra la ex Primera Dama de la República Sylvia Bongo Ondimba y su hijo, Noureddin Bongo Valentin, acusados de doce cargos, en distintos grados, relacionados con la malversación de fondos públicos, falsificación y uso de documentos falsificados, corrupción activa, lavado de dinero, asociación criminal, receptación de bienes robados, falsificación de los sellos de la República y usurpación de títulos y funciones.

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‎Aunque deberán comparecer ante el juez hasta el viernes para responder, la esposa y el hijo del expresidente no asistirán a las audiencias, ya que abandonaron Gabón el pasado mes de mayo —tras permanecer bajo arresto desde la noche del golpe de Estado de 2023— para refugiarse en su mansión en Londres, donde han confirmado su negativa a asistir a un juicio calificado por sus abogados como “farsa procesal”; un desafío explícito a las autoridades jurídicas gabonesas.

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‎El portavoz de la presidencia gabonesa, Théophane Nzame Nze Biyoghe, acusó a Noureddin Bongo Valentin de intentar desestabilizar Gabón mediante vídeos grabados con cámara oculta. En uno de las grabaciones se muestra a funcionarios gaboneses y magistrados de alto rango en la casa del ex Jefe de Estado Ali Bongo Ondimba, supuestamente pidiéndole que firme documentos.

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‎De acuerdo a declaraciones hechas por Nzame Nze Biyoghe, se trata de «una campaña de influencia con el maquiavélico propósito de desestabilización nacional que no tendrá éxito”. Asimismo, agregó que “están desafiando la justicia gabonesa. Estas personas serán juzgadas en rebeldía. Las normas del código penal gabonés se aplicarán a estos ciudadanos gaboneses, quienes deberán responder ante los tribunales por diversos cargos”.

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‎Georges Mpaga, presidente de la Red de Organizaciones Libres para la Buena Gobernanza (ROLBG), que interviene en el caso como parte civil, ha afirmado que para la efectividad del proceso judicial habría sido prudente mantener a los Bongos en Libreville a la espera de su juicio, a quienes tachó de «delincuentes financieros que han destruido el país, violado sistemáticamente los derechos humanos y ahora se niegan a comparecer ante la justicia».

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‎Pese a su evidente insatisfacción e impotencia, Mpaga aclaró que «no importa: en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la jurisdicción universal permite la cooperación judicial internacional para la repatriación de los bienes, el producto de sus delitos». Igualmente, Ghislain Ngui Nze, portavoz del colectivo «Les citoyens indignés» (en español, Los Ciudadanos Indignados), publicó un comunicado condenando la arrogancia de la ex Primera Dama y su hijo por negarse a comparecer ante los tribunales, pero espera que se haga justicia.

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‎Redacción: Andrés Ondó ETOGO OYÉ.

‎Fuente: RFI