La Cámara Baja considera inmaduro al proyecto de Seguro Obligatorio del Automóvil y propone su aplazamiento.

Los honorables quieren que las aseguradoras primero garanticen la reparación de los vehículos ante posibles accidentes.

En una sesión plenaria celebrada en la Cámara de Diputados este lunes, 19 de mayo, se ha analizado la próxima entrada en vigor, el 1 de julio, del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil del Automóvil. Durante la reunión, se expuso la necesidad de disponer de información detallada sobre el funcionamiento del seguro, los mecanismos previstos para su implementación y los recursos disponibles, como talleres mecánicos y hospitales asociados a las aseguradoras.

Inicialmente, fue convocado el Ministro del Interior y Administración Local, quien indicó que la iniciativa correspondía al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico. Por este motivo, se citó al titular de dicho ministerio, Iván Bacale Ebe Molina, quien explicó que el seguro tiene como objetivos principales la protección de personas y bienes, la compensación por daños, la generación de empleo, el aumento de ingresos fiscales y la contribución al Producto Interior Bruto.

También intervino el Ministro Delegado de Comercio, Promoción de Empresas e Industrias, Jerónimo Carlos Osa Osa Nzang, quien afirmó que las aseguradoras están trabajando para establecer convenios con talleres cualificados y que se espera que las instalaciones de inspección técnica de vehículos estén operativas antes de la fecha prevista.

Sin embargo, los diputados expresaron la necesidad de seguir trabajando en el proyecto para asegurar su viabilidad y minimizar posibles impactos en la población. Reconocieron la importancia de implementar el seguro, pero subrayaron que es necesario garantizar la capacidad de las aseguradoras para realizar reparaciones y ofrecer indemnizaciones a las víctimas de accidentes.

Además, señalaron que el Gobierno debe supervisar el proceso, establecer criterios para las aseguradoras y talleres, y garantizar un equilibrio entre los intereses comerciales y la protección de los asegurados. También se solicitó un mecanismo oficial de control sobre las tarifas.

Dado que la entrada en vigor ya había sido aplazada anteriormente (de marzo a julio), los diputados consideran que aún no se cumplen las condiciones necesarias para su aplicación. Por ello, recomendaron posponer nuevamente su implementación y dedicar los primeros seis meses a la sensibilización de los propietarios de vehículos, antes de aplicar sanciones.

Finalmente, solicitaron información sobre las aseguradoras registradas, los talleres mecánicos por provincia y el estado de las instalaciones de inspección técnica. También pidieron detalles sobre los convenios con centros hospitalarios, mayor transparencia en las pólizas y el estudio de un seguro específico para taxis.

Redacción: Andrés Ondó ETOGO OYÉ.

Fuente: Gabinete de Prensa de la Cámara de Diputados.