El Gobierno activa medidas para frenar la apropiación indebida de terrenos del Estado.

El Primer Ministro se reúne con miembros del Ejecutivo para investigar irregularidades en la adjudicación de solares y vigorizar la normativa sobre el uso del suelo público.

El creciente número de terrenos adjudicados de forma irregular ha encendido las alarmas en el seno del Ejecutivo. Se calcula que más de 4.000 hectáreas han sido acaparadas en distintas zonas del país por particulares que, tras solicitar solares con fines agropecuarios, han procedido a su división y registro como propiedades privadas para su posterior comercialización.

Ante esta situación, calificada ya de “grave y preocupante”, el Primer Ministro del Gobierno, ha convocado una reunión urgente con varios miembros del Ejecutivo en la sede de la Presidencia del Gobierno en Malabo II. El objetivo principal ha sido estudiar mecanismos que permitan proteger las tierras estatales y evitar que estas prácticas continúen afectando los planes de desarrollo del país.

Durante la reunión, el Encargado de la Coordinación Administrativa ha expresado su inquietud por la facilidad con la que ciertos ciudadanos logran apropiarse de estos terrenos, y subrayado la necesidad de que el Departamento de Tierras actúe con mayor firmeza. Asimismo, ha advirtido que se trata de un asunto “de alto riesgo”, en el que también deben implicarse los departamentos de Justicia y Derechos Humanos, no solo reforzando los procedimientos de adquisición, sino haciendo seguimiento de los procesos hasta las notarías para impedir la legalización de segregaciones fraudulentas.

Mencionar, que esta actuación del Gobierno retoma una línea de acción establecida previamente por el Vicepresidente de la República, quien el 3 de septiembre de 2024, en una reunión con el Primer Ministro y varios ministros sectoriales, ordenó prohibir la venta ilegal de terrenos públicos. En esa ocasión, denunció públicamente que algunas autoridades locales estaban facilitando estas operaciones irregulares y pidió crear una comisión técnica para identificar, mapear y recuperar solares estatales.

Por Ende, inspirado por ese precedente, el Gobierno ha acordado ahora suspender provisionalmente todos los expedientes en curso relativos a la adjudicación de terrenos, mientras una comisión especial redacta una Orden Ministerial que regulará el proceso. Esta norma establecerá los requisitos, condiciones de uso, plazos de posesión, mecanismos de seguimiento y criterios de renovación para los solares adjudicados. En caso de detectarse irregularidades, se aplicarán sanciones severas, tal como ha recalcado el Ministro de Estado Sergio Esono Abeso Tomo.

Además, el Primer Ministro ha instruido al Ministerio del Interior enviar una circular oficial a todas las autoridades locales, recordando la prohibición absoluta de vender terrenos estatales, y estableciendo la obligación de remitir todos los expedientes al departamento tutor correspondiente.

La reunión ha concluido con un acuerdo unánime: actuar con urgencia, frenar estas prácticas antes de que comprometan el futuro de las próximas generaciones, y garantizar que las tierras públicas estén disponibles para proyectos como la futura Zona Económica Especial de Djibloho, piedra angular en los planes del Gobierno para diversificar la economía del país.

Redacción: Salvador Augusto Nguema MICHA ABUY.

Fuente: Primatura del Gobierno.