Antonio Oburu Ondo expone en el Parlamento las medidas para ordenar la distribución de combustible.

La comparecencia aborda la subvención estatal, la prohibición de venta clandestina y la escasez del gas doméstico.

El ministro de Hidrocarburos y Desarrollo Minero, Antonio Oburu Ondo, compareció este jueves 12 de febrero ante la Cámara de los Diputados para informar a los representantes del pueblo sobre el contenido de los escritos remitidos a las empresas distribuidoras de combustible. La comparecencia fue solicitada tras las quejas ciudadanas por la supuesta limitación de repostaje a 50 litros y la restricción en la venta de gasolina en recipientes. El objetivo de la intervención fue explicar el alcance real de las disposiciones adoptadas y las razones económicas y de control que motivaron dichas decisiones.

En su exposición inicial, el ministro señaló que el Ejecutivo se ha visto en la necesidad de aplicar una reducción limitada en la subvención del combustible con el propósito de equilibrar la capacidad de tesorería del Estado. Esta decisión se recoge en los decretos que establecen la nueva estructura de precios de los productos refinados en la Guinea Ecuatorial, así como en las disposiciones que prohíben la venta ambulante, clandestina e ilegal de combustible en todo el territorio nacional. Asimismo, se estableció la prohibición de vender queroseno a personas físicas o jurídicas con fines comerciales, industriales o vinculados a grandes obras e infraestructuras.

En relación con los límites de suministro, se fijó una cantidad subvencionada máxima de 100 litros por vehículo para gasolina y gasóleo, y 40 litros para el petróleo lampante.

No obstante, el ministro aclaró que esta cantidad no se aplica por día, sino por servicio. Es decir, un vehículo puede adquirir más de 100 litros si acude varias veces a la misma estación o a otras diferentes. De esta manera, desmintió que exista una restricción oficial de 50 litros por repostaje.

Por otra parte, para evitar el uso indebido de la subvención estatal, se prohibió la compraventa de combustible subvencionado a empresas, compañías aéreas no estatales, operadores de helicópteros, buques de carga, empresas mixtas o con participación estatal, entidades industriales o comerciales, así como organizaciones no gubernamentales y religiosas. Con el fin de garantizar el cumplimiento de estas normas, el ministerio quedó facultado para adoptar medidas adicionales, entre ellas la orden que prohibió inicialmente la venta de gasolina y otros líquidos inflamables en recipientes en todo el país.

Sin embargo, esta decisión generó interpretaciones dispares entre estaciones de servicio, autoridades locales y consumidores. La situación se agravó tras el incendio registrado en el barrio Timbabe, presuntamente relacionado con gasolina almacenada. Ante ese contexto, el ministerio emitió un aviso circular aclaratorio que autoriza la venta de hasta cinco litros de gasolina en recipiente por persona al día.

El titular de Hidrocarburos explicó que estas medidas responden a la necesidad de combatir la distribución clandestina de combustible y de reducir la carga financiera que supone para el Estado el diferencial CIF, es decir, la diferencia entre el precio real del mercado y el precio subvencionado que paga el consumidor.

En el devenir del debate parlamentario, varios diputados manifestaron que la limitación de cinco litros por recipiente no beneficia a determinados sectores de la población, especialmente a quienes utilizan grupos electrógenos en zonas rurales, así como pescadores y taxistas que dependen del combustible para sus actividades diarias. Además, señalaron que no debe atribuirse la causa principal de los incendios a la venta de gasolina a ciudadanos particulares.

Los parlamentarios también solicitaron explicaciones sobre la actual escasez de gas doméstico, el estado del proyecto de construcción de una refinería en el país y las medidas de seguridad medioambiental y de protección laboral aplicadas en las estaciones de servicio.

En respuesta, el ministro indicó que algunos vendedores han incrementado el precio de las bombonas de gas doméstico, motivo por el cual se han suspendido varias autorizaciones de venta. En cuanto a los cortes de energía eléctrica que afectan a la ciudad de Malabo, explicó que la planta de turbo gas atraviesa un proceso de transición que incluye auditorías técnicas en sus sistemas.

Estas cuestiones se inscriben además en el marco más amplio de la política energética nacional dirigida por el Ejecutivo. En este contexto, el Vicepresidente de la República, S.E. Nguema Obiang Mangue, presidió el 2 de mayo de 2025 la firma del memorando de entendimiento para la construcción de una refinería en Guinea Ecuatorial, iniciativa orientada a reducir la dependencia de productos refinados importados y mitigar el impacto del diferencial entre el precio real del mercado internacional y el precio subvencionado interno.

Asimismo, en septiembre de 2025 encabezó la firma de contratos de explotación de gas con compañías internacionales para los bloques EG-27, B4 y el proyecto Aseng, actuaciones que guardan relación con la disponibilidad de recursos energéticos y la sostenibilidad financiera del sector.

Para concluir, los diputados formularon nuevas recomendaciones orientadas a mejorar el servicio y aliviar las dificultades que enfrenta la población. Por su parte, Antonio Oburu Ondo afirmó que ha tomado nota de todas las inquietudes planteadas y aseguró que se revisará la aplicación de las disposiciones vigentes, teniendo en cuenta el impacto que la subvención del combustible representa para las finanzas públicas.

Redacción: Salvador Augusto Nguema MICHA ABUY

Fuente: Página Oficial del Gobierno de Guinea Ecuatorial.