Malí, Burkina Faso y Níger anuncian su retirada de la Corte Penal Internacional.

Los tres países del Sahel, críticos con las instituciones occidentales, acusan a la CPI de ser un instrumento de represión neocolonial.

Los gobiernos militares de Malí, Burkina Faso y Níger, en África occidental, han informado este lunes su decisión de abandonar la Corte Penal Internacional (CPI). En un comunicado conjunto explicaron que consideran al tribunal con sede en La Haya como “una herramienta de represión neocolonial”, motivo que justifica su retirada tras más de dos décadas de pertenencia.

El anuncio refleja la creciente agitación diplomática en el Sahel, una región marcada por ocho golpes de Estado entre 2020 y 2023. Estos tres países ya habían roto con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), creado la Alianza de Estados del Sahel y reducido su cooperación militar con socios occidentales, al tiempo que fortalecían sus vínculos con Rusia.

En su declaración, los gobiernos militares han cuestionado la eficacia de la CPI para juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad, de agresión y genocidio, aunque no señalaron ejemplos específicos de casos en los que el tribunal hubiese fallado.

Actualmente, Malí, Burkina Faso y Níger enfrentan una persistente insurgencia yihadista que controla amplias zonas rurales y ha multiplicado los ataques contra instalaciones militares. Siguiendo este orden de pensamiento, organizaciones como Human Rights Watch han acusado tanto a los grupos armados como a las fuerzas armadas de Malí y Burkina Faso de cometer posibles atrocidades. De hecho, en abril, expertos de la ONU denunciaron la presunta ejecución sumaria de decenas de civiles a manos de soldados malienses, hecho que podría constituir crímenes de guerra.

Preciar, que la CPI mantiene una investigación abierta en Malí desde 2013 por crímenes de guerra en las regiones de Gao, Tombuctú y Kidal, bajo dominio de insurgentes, matizando además, que ese mismo año, Francia intervino militarmente para frenar el avance de los grupos armados, después de que el gobierno de Bamako solicitara la remisión del caso al tribunal internacional.

Redacción: Salvador Augusto Nguema MICHA ABUY.