El “caso Annobón” entra en fase judicial tras las conclusiones de la Gendarmería Nacional.

El Juzgado de Instrucción nº 1 evalúa los indicios de implicación de autoridades y colaboradores en el desvío de bienes públicos.

Este miércoles, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Malabo, han comparecido los principales implicados en el denominado “caso Annobón”, un proceso judicial abierto para esclarecer el presunto desvío y uso indebido de material estatal en dicha isla. La causa llega al órgano judicial tras la remisión del expediente elaborado por la Gendarmería Nacional, que concluyó sus investigaciones preliminares y trasladó los indicios de delito a la Fiscalía. El caso se aviva debido a las supuestas irregularidades detectadas en la gestión de bienes públicos pertenecientes al Estado.

Según el atestado de la Gendarmería, la investigación recoge indicios de los presuntos delitos de hurto y apropiación indebida, señalando como posibles responsables a diversas autoridades y encargados administrativos de Annobón. Entre ellos figura el gobernador de la Provincia, Manuel Eso Nsuga, acusado de desviar dos vehículos de la empresa MAESI-SOLAR, modificarlos, repintarlos y justificar posteriormente su adjudicación. Asimismo, el informe señala la entrega a la empresa SOMAGEC de una lona protectora de placas solares que el propio gobernador afirma que no era lona, sino material metálico para sostener un invernadero agrícola, alegando que se trató de un gesto de cortesía hacia una empresa que, según sostiene, brinda apoyos constantes a la isla.

Del mismo modo, el expediente incluye la investigación del director nacional del proyecto de electrificación de Annobón, Eleuterio Menejal Castaño, conocido como “Cuchillas”. A él se le atribuye la supuesta desviación de 3.000 metros de cable de cobre, una compresora, un tractor, diversos bidones, aceite y otros materiales estatales. Otro implicado es el ciudadano nigeriano Theophilus Tobechukwu, quien habría viajado a Annobón con el propósito de comprar chatarra y cuya actividad ha sido considerada por la Gendarmería como potencialmente irregular debido a ciertas inconsistencias detectadas.

Durante la audiencia preliminar celebrada este miércoles, el juez instructor ha escuchado por primera vez la versión de cada imputado y analizó el contenido del expediente investigativo. El objetivo de esta fase sirve para contrastar los relatos, clarificar los hechos sometidos a examen y precisar los elementos esenciales de la causa.

En su declaración ante el juez, el gobernador Manuel Eso Nsuga ha negado cualquier participación en prácticas irregulares y explicó que intentó, sin éxito, obtener autorización del director Menejal para iniciar un proyecto de gestión de chatarra. Sobre los vehículos, ha admitido haberlos enviado a Bata para su preparación, asegurando que su intención era reintegrarlos a Annobón para uso institucional. No obstante, reconoció no haber solicitado autorización superior, alegando que actuó dentro de lo que interpretó como sus competencias administrativas. Ha añadido que, si algún bien fue vendido irregularmente, ello habría ocurrido antes de que asumiera el cargo.

Por su parte, Eleuterio Menejal “Cuchillas” ha negado haber desviado material alguno con fines personales o comerciales. Aseguró que los 3.000 metros de cable se utilizaron en zanjas para un proyecto social, que la compresora continúa en las instalaciones de SEGESA-Annobón y que el tractor permanece estacionado en la isla. También ha reconocido que consideró participar en un negocio puntual de chatarra, pero sostiene que dicha operación nunca llegó a concretarse.

El ciudadano nigeriano Theophilus Tobechukwu ha defendido igualmente su inocencia, afirmando que actúa como intermediario de una empresa legal que se dedica a la compra y gestión de chatarra. Ha detallado que se desplazó a Annobón solo para explorar posibles adquisiciones y que no llegó a comprar nada por la demora en el transporte del material. Su detención se produjo cuando intentaba recuperar sus bombonas de oxígeno almacenadas en un contenedor desde el día de su llegada.

Tras escuchar todas las declaraciones, los abogados de los implicados han solicitado la libertad de sus clientes, defendiendo su inocencia mientras continúan las diligencias y el avance del proceso. Entretanto, el juez instructor ha ordenado que los presuntos implicados regresaran bajo custodia de la Gendarmería, y anunció que estudiará minuciosamente cada detalle del expediente antes de valorar la aplicación de medidas cautelares, en caso de que se determinen indicios suficientes de criminalidad.

De forma preliminar, el juez ha señalado la posible existencia de negligencia administrativa por parte del gobernador, atendiendo a su responsabilidad directa en la gestión de los bienes públicos de la isla. El caso Annobón avanza así hacia una nueva etapa procesal destinada a esclarecer completamente los hechos y precisar el grado de participación de cada uno de los investigados.

Redacción: Salvador Augusto Nguema MICHA ABUY

Fuente: DG Press CSJ.