La Audiencia Provincial de Bioko dicta nuevas condenas en el caso Operación Limpieza.

Más de 130 jóvenes procesados por delitos cometidos en Malabo reciben penas de entre dos y cinco años tras la publicación de la segunda tanda de sentencias.

La Audiencia Provincial de Bioko y Annobón ha hecho públicas este miércoles, 4 de enero, en Malabo, las sentencias correspondientes a la segunda tanda de procesados del denominado caso Operación Limpieza, con el fin de resolver judicialmente los delitos atribuidos a jóvenes detenidos por actividades delictivas registradas en distintos barrios de la capital.

El fallo afecta a más de 130 jóvenes encausados en la jurisdicción de Bioko, concretamente en la ciudad de Malabo, por hechos relacionados con delitos de robo, lesiones y atentado contra la salud pública derivados del consumo y la tenencia ilícita de estupefacientes. Las penas impuestas oscilan entre dos y cinco años de prisión; no obstante, solo 17 de los condenados permanecerán en centros penitenciarios para cumplir condena efectiva.

La decisión judicial fue leída en acto público por el presidente de la Audiencia Provincial de Bioko, Simón Ngomo Mobuy, y ha quedado recogida en un único documento que agrupa las resoluciones conforme a los delitos atribuidos a cada procesado. El acto contó con la presencia del Ministerio Fiscal, familiares de los condenados y abogados defensores.

Esta resolución se enmarca en la segunda fase de sentencias vinculadas a la Operación Limpieza. En una primera tanda, el tribunal había condenado a 275 jóvenes, quienes posteriormente fueron beneficiados con un indulto mediante decreto presidencial, lo que les permitió recuperar la libertad.

La sentencia hecha pública este miércoles corresponde al sumario número 27/2022, identificado como caso Operación Limpieza, y a la sentencia número 73/2025. En ella se recogen tres delitos principales: atentado contra la salud pública, robo y lesiones, siendo el Estado de la República de Guinea Ecuatorial y varios ciudadanos particulares los perjudicados en las distintas causas.

El mayor número de procesados corresponde al delito contra la salud pública, con más de 90 condenados. Por el delito de robo fueron juzgados 35 jóvenes, mientras que más de una decena recibió condenas por delitos de lesiones.

Según el contenido de la sentencia, el tribunal considera probado que varios de los procesados se dedicaban de forma habitual a la venta y consumo de drogas, situación que, a juicio de la Sala, favorecía la comisión de otros actos delictivos. Asimismo, se acredita que algunos fueron sorprendidos en el momento de cometer robos, especialmente en el barrio Paraíso, y que otros formaban parte de grupos organizados como B2K y Street Family, con actividad en zonas como Alcaide, Santa María y San Valentín.

La resolución judicial también da por probado que ciertos condenados utilizaban armas blancas, participaban en enfrentamientos violentos o actuaban como conductores para facilitar la ejecución de los delitos.

En función de la condición de reincidencia, el tribunal estableció distintas penas. Por el delito de robo, 17 reincidentes fueron condenados a 5 años, 4 meses y un día de prisión, además de una multa grave de 150 meses, a razón de 25.000 francos CFA por mes. Otros 18 condenados por robo, sin antecedentes, recibieron penas de 3 años y un día de prisión menor y una multa de 101 meses en las mismas condiciones.

En cuanto al delito contra la salud pública, seis reincidentes fueron sentenciados a 3 años de arresto mayor en su grado máximo y una multa de 350 meses. Por el mismo delito, 83 no reincidentes recibieron condenas de 2 años y 4 meses de arresto mayor y una multa grave de 301 meses.

Por el delito de lesiones, nueve procesados fueron condenados a 3 años de arresto mayor en su grado máximo, junto con una multa grave de 110 meses.

En concepto de responsabilidad civil, los 36 condenados por robo deberán abonar 100.000 francos CFA; los condenados por lesiones, 50.000 francos CFA; y los sentenciados por atentado contra la salud pública, 80.000 francos CFA. Además, el tribunal acordó descontar el tiempo cumplido en prisión preventiva e impuso el pago de las costas procesales.

Estas resoluciones judiciales se inscriben en el marco de las actuaciones adoptadas por el Ejecutivo frente al aumento de la delincuencia juvenil y de los delitos organizados en varias zonas del país. En este contexto, el 9 de mayo de 2022, el Vicepresidente de la República, encargado de la Defensa Nacional y la Seguridad del Estado, ordenó el inicio de la denominada Operación Limpieza, orientada a hacer frente a los robos, al consumo y la tenencia ilícita de estupefacientes, así como a otras conductas delictivas que afectaban a la seguridad ciudadana. Posteriormente, el 26 de mayo de 2022, se cursaron nuevas directrices a los órganos competentes para actuar contra los productores y distribuidores de drogas y para localizar plantaciones ilícitas.

Asimismo, entre los días 23 y 24 de junio de 2022, se celebraron en Baney jornadas de reflexión centradas en la delincuencia juvenil, en las que se analizó el impacto social de estas conductas y la necesidad de una actuación conjunta entre instituciones, familias y comunidad. Por tanto, Este conjunto de actuaciones dio paso a la fase judicial de los hechos investigados, de la que deriva el sumario número 27/2022 y la sentencia número 73/2025 ahora hecha pública por la Audiencia Provincial de Bioko.

Pues, dado que la mayoría de los procesados ya ha cumplido las penas impuestas mediante el tiempo pasado en prisión preventiva, estos quedarán en libertad una vez satisfechas las multas y responsabilidades civiles. Únicamente los 17 reincidentes en delitos de robo permanecerán en prisión para completar su condena.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Redacción: Salvador Augusto Nguema MICHA ABUY

Fuente: DG Press – CSJ