El Ejecutivo advierte que dejará de pagar a las entidades públicas que incumplan sus obligaciones legales

A partir del 1 de enero de 2027, las entidades deberán tener regularizadas su contabilidad, sus obligaciones fiscales y la documentación exigida por la ley.

El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha establecido nuevas exigencias para las entidades públicas en materia de pago de deudas, cumplimiento tributario y regularización administrativa, con advertencias sobre posibles sanciones a quienes incumplan sus obligaciones. Estas cuestiones han sido el punto focal de la reunión celebrada este martes, 27 de octubre en Malabo, bajo la presidencia del primer ministro del Gobierno, Manuel Osa Nsue Nsua.

Uno de los principales asuntos abordados ha sido la deuda acumulada por distintas entidades públicas con SEGESA por el consumo de electricidad. Durante la sesión, el director general de la compañía ha presentado el estado de las obligaciones pendientes, señalando que algunas entidades ya han realizado los pagos correspondientes, mientras otras mantienen deudas sin regularizar. También se ha puesto de manifiesto la ausencia de algunos responsables en las reuniones convocadas para buscar soluciones.

Los representantes de las entidades participantes han expuesto sus dificultades, han formulado propuestas y han aclarado dudas sobre sus compromisos financieros. Ante la persistencia de los impagos, el primer ministro ha advertido de que el Ejecutivo podría recurrir a la detracción directa de las subvenciones de las entidades que no cumplan con sus obligaciones frente a SEGESA.

Para facilitar el seguimiento de cada caso, se ha propuesto clasificar a los clientes según su situación de pago y capacidad de solvencia, con el fin de establecer acuerdos que permitan regularizar las deudas. Asimismo, se ha planteado que SEGESA estudie mecanismos de compensación por los perjuicios derivados de las interrupciones del suministro eléctrico.

Las partes disponen de una semana y media para alcanzar acuerdos concretos, una tercera reunión servirá para evaluar los avances y adoptar decisiones definitivas en los casos en los que no se hayan encontrado soluciones.

Por otra parte, el cumplimiento de las obligaciones tributarias ha constituido otro de los ejes de la reunión. Los datos presentados por el Ministerio de Hacienda indican que las entidades que cumplen regularmente con el pago de sus impuestos siguen siendo una minoría, una situación que ha motivado un nuevo llamamiento a la responsabilidad fiscal.

En este contexto, Manuel Osa Nsue Nsua ha advertido de que, a partir del 1 de enero de 2027, no se efectuarán pagos a las entidades que no hayan organizado y regularizado su contabilidad, sus obligaciones fiscales y la documentación exigida por la ley.

Además, el Ministerio de Hacienda deberá remitir a las entidades la nueva ley de contratos para que ajusten sus procedimientos a las disposiciones establecidas.

La reunión también ha abordado el cumplimiento de las obligaciones sociales, en este ámbito, se ha solicitado al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSESO) que presente una relación de las entidades que mantienen impagos en las cotizaciones de sus trabajadores. También se ha examinado la situación de los empleados cuyos contratos todavía no han sido debidamente regularizados.

El tercer bloque de trabajo ha estado dedicado al proceso de reestructuración de las entidades públicas, en este sentido, el Gobierno ha recordado que las medidas adoptadas en este marco son de obligado cumplimiento, además de expresar su preocupación por las actuaciones que se apartan de las directrices establecidas.

Según lo expuesto por el Ministerio de Hacienda, el nuevo enfoque del comité de reestructuración está orientado al saneamiento fiscal y a garantizar la sostenibilidad de estas entidades. Para avanzar en esa dirección, se considera necesaria la colaboración de sus responsables con los gabinetes especializados contratados para evaluar y auditar la gestión.

Entre las tareas previstas figuran la verificación del cumplimiento de las medidas adoptadas, la mejora de los sistemas contables y la identificación de oportunidades para elevar la eficiencia, la productividad y la calidad de los servicios, además de mejorar la rentabilidad de los activos públicos.

Con esta reunión, el Ejecutivo mantiene el seguimiento de las obligaciones financieras, fiscales y sociales de las entidades públicas, al tiempo que exige la aplicación de las medidas de reestructuración. El objetivo es corregir las deficiencias detectadas y avanzar hacia una gestión más transparente, responsable y sostenible de los recursos del Estado.

Redacción: Aitor Reinaldo NZANG MAKOSSO.

Fuente: Primatura del Gobierno.