La Audiencia Provincial de Litoral supervisa la situación procesal de los internos en Bata.

La inspección busca evitar dilaciones indebidas y asegurar que la prisión preventiva se ajuste a los límites legales.

El jueves, una comitiva judicial encabezada por la presidenta de la Audiencia Provincial de Litoral, María Isabel Mangue Asangono, se trasladó a la Cárcel Pública de Bata con el propósito de verificar el cumplimiento de los plazos legales y evitar la prolongación indebida de la prisión preventiva. La visita tuvo como finalidad revisar de manera detallada la situación procesal de los internos y asegurar una respuesta judicial ágil y ajustada a la legalidad.

La inspección se llevó a cabo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 526 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la obligatoriedad de realizar visitas periódicas —semanales o mensuales, según el órgano competente— a los centros penitenciarios para controlar la situación procesal de las personas privadas de libertad.

La comitiva estuvo integrada por jueces de instrucción de Bata, jueces de vigilancia penitenciaria, fiscales y secretarios judiciales, quienes participaron bajo la coordinación de la presidenta provincial. Durante la jornada, los miembros del equipo examinaron de forma minuciosa los expedientes, contrastando nombre por nombre y juzgado por juzgado la información relativa a los presos preventivos.

En concreto, se procedió a identificar con precisión el número de internos en situación de prisión preventiva, el tiempo que cada uno lleva privado de libertad, la causa de su ingreso y el órgano judicial que tramita su procedimiento. Este trabajo permitió determinar el estado exacto de cada caso y detectar posibles demoras en la tramitación.

Asimismo, la revisión técnica tuvo como objetivo ordenar los expedientes y actualizar los datos procesales, de modo que cada órgano competente pueda adoptar las decisiones que correspondan dentro de los plazos establecidos por la ley. De esta manera, se busca garantizar que la prisión preventiva mantenga su carácter excepcional y se aplique conforme a los principios legales y al respeto de los derechos fundamentales.

La iniciativa se enmarca así en un trabajo continuo orientado a evitar dilaciones indebidas y garantizar que la prisión preventiva mantenga su carácter excepcional, conforme a la legalidad vigente y al respeto de los derechos fundamentales.

En este contexto institucional más amplio, cabe recordar que el Vicepresidente de la República, ha protagonizado en los últimos años decisiones relevantes en materia penal y de seguridad. El 19 de septiembre de 2022 anunció la abolición de la pena de muerte tras la aprobación de la Ley 4/2022 del nuevo Código Penal, modificando el régimen sancionador del país. Asimismo, a inicios de mayo de 2022 comunicó el lanzamiento de la denominada “Operación Limpieza”, orientada a combatir la delincuencia y las bandas criminales.

Posteriormente, el 24 de enero de 2023, tras prestar juramento como Vicepresidente con responsabilidades en materia de defensa y seguridad del Estado, asumió competencias vinculadas a la lucha contra la criminalidad y al mantenimiento del orden público. En ese marco general de actuación estatal, las visitas periódicas de jueces y fiscales a los centros penitenciarios como la realizada en Bata forman parte del funcionamiento ordinario del sistema judicial, donde el control de la situación procesal de los internos constituye un mecanismo esencial para garantizar el cumplimiento de la ley.

Tras la recopilación de la información, cada juzgado y fiscalía procederá a contrastar y actualizar los procedimientos bajo su competencia, agilizando los trámites pendientes y programando, cuando corresponda, la celebración de los juicios.

Redacción: Salvador Augusto Nguema MICHA ABUY

Fuente: DG PRESS CSJ