Hacienda responde al Senado sobre Proyectos de Leyes de Liquidación de los ejercicios 2025, 2026 y la previsión del 2027
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El Ejecutivo ha explicado que las cuentas estuvieron marcadas por el contexto energético mundial, manteniendo la estabilidad macrofiscal y la protección de los sectores más vulnerables.

El Ministerio de Hacienda, Presupuesto y Planificación Nacional ha comparecido en sesión parlamentaria para dar respuesta detallada al pliego de preguntas formuladas por los legisladores en relación con el Proyecto de Ley de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2025, el estado de ejecución presupuestaria a 30 de junio de 2026 y el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027.
Durante la intervención, que inició con una disculpa institucional por la ausencia de Molina al encontrarse en misión oficial fuera del país, el Ejecutivo ha subrayado que las cuentas públicas del ejercicio 2025 estuvieron fuertemente marcadas por el contexto energético internacional y nacional, manteniendo en todo momento la estabilidad macrofiscal y la protección de los sectores más vulnerables.
En su exposición, el Gobierno ha explicado que la recaudación del impuesto sobre sociedades de las petroleras contratistas se situó en el 55 % de lo previsto debido a un triple factor: la retirada definitiva de la operadora ExxonMobil en junio de 2024 (tras cesar operaciones en 2023), la paralización del funcionamiento óptimo del buque Serpentina, y el retroceso general del sector.
Entre 2024 y 2025, la producción de crudo descendió un 19 % (de 21 a 17 millones de barriles) y la de condensado un 19,3 %, a lo que se sumó una caída del 15,2 % en el precio internacional del barril. Ante esta contracción de los ingresos petroleros, el Ejecutivo aplicó una estrategia de racionalización del gasto público que conllevó una retención lineal del 15 % en subvenciones y transferencias, exceptuando expresamente al sector social para salvaguardar a la población más vulnerable.
Según ha revelado el ministerio en su ponencia, los indicadores de gestión en 2025 fueron, por un lado, el control de la deuda pública. Es decir, a 31 de diciembre de 2025, el saldo vivo de Bonos y Obligaciones del Tesoro (BTA y OTA) ascendió a 390.011 millones de francos CFA (390.000 millones en cifras globales), situándose muy por debajo del techo legal de 600.000 millones fijado en la Ley de Presupuestos (un 65 % del límite autorizado).
En segundo punto está la modernización aduanera (TCI). La recaudación de la Tasa Comunitaria de Integración (TCI) superó las expectativas al alcanzar los 2.457 millones de FCFA (un 113,6 % de ejecución). Para agilizar las transferencias a la Comisión de la CEMAC, Aduanas ha implementado este mismo mes un sistema de cobro e ingreso directo y automático a través de la plataforma SIDUNEA.
También destacan las Viviendas sociales. La recaudación por los descuentos de 10.000 FCFA a los residentes sumó 423 millones de FCFA en 2025, alcanzando un saldo acumulado gestionado por ENPIGE de 2.295 millones de FCFA entre marzo de 2019 y agosto de 2026.
Respecto al ejercicio 2026, el Gobierno aclaró que el superávit registrado al 30 de junio tiene carácter transitorio, dado que a esa fecha aún no se habían actualizado contablemente numerosas partidas de gasto social (becas, asistencia social y beneficencia a enfermos). De cara al Proyecto de PGE para 2027, el Ejecutivo resaltó las principales líneas estratégicas.
En primer lugar, el refuerzo a la sanidad y contención salarial, es decir, los gastos de personal se sitúan en 244.490 millones de FCFA (un ajuste moderado del +1 % respecto a 2026 derivado de trienios y derechos adquiridos). Por su parte, la puesta en marcha y funcionamiento de los hospitales transferidos del INSESO al Ministerio de Sanidad contará con una dotación específica de 13.000 millones de FCFA en bienes y servicios, mientras que las transferencias a los Centros Sanitarios Públicos crecerán un 32 %, hasta alcanzar los 20.400 millones de FCFA. En cuanto a las cotizaciones al INSESO, los 12.000 millones presupuestados en 2027 corresponden íntegramente a la cuota patronal que asume el Estado como empleador.
Por otro lado, la autofinanciación de empresas públicas y activos estratégicos. Es decir, en línea con las recomendaciones parlamentarias de rentabilizar las infraestructuras estatales, el Gobierno confirmó que empresas y proyectos como Ceiba Intercontinental o la recién inaugurada Fábrica de Atún de Annobón operarán bajo un modelo de autosuficiencia financiera sin recibir subvenciones directas de funcionamiento. En el sector aeroportuario, los ingresos de Ceiba Aeropuertos se multiplican por catorce al asumir la gestión integral de Bata (incluida la nueva terminal), Mongomeyen y servicios en Malabo. Paralelamente, la reducción del 85 % en ingresos y gastos de APGE-Bata responde a la entrada en vigor, en abril de 2026, de la concesión administrativa de los puertos de Malabo y Bata a la sociedad Alport GE, S.A.
En otra escala, resalta el impulso a la explotación agrícola e incentivos, que se mantiene la tasa fija anual de 100.000 FCFA para fincas rusticas sin explotar con el objetivo de desincentivar la tenencia improductiva de tierras, y se ratifican los complementos de destino para el personal de Educación y Sanidad en zonas periféricas, así como para Aviación Civil en Annobón, Mongomeyen y Corisco.
Instantes previos al cierre de la sesión, el Ministerio de Hacienda ha reiterado su disposición a colaborar estrechamente con las cámaras legislativas para subsanar omisiones técnicas en los anexos (como el desglose individual de SEGESA o la identificación de partidas específicas del CICTE y organismos internacionales adscritos al Senado) en aras de garantizar la máxima transparencia y rigor presupuestario.
Redacción: Andrés Ondo ETOGO OYE
Fuente: Gabinete de Prensa del Senado


















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