El Gobierno advierte que el uso de las redes sociales está sujeto al cumplimiento de la legislación nacional

Las autoridades recuerdan que la Ley Núm. 7/2024 continúa en vigor y que las conductas ilícitas cometidas en plataformas digitales pueden dar lugar a responsabilidades administrativas y judiciales.

La actividad que diariamente se desarrolla en las plataformas digitales no queda al margen de la legislación vigente. Ante el aumento de publicaciones que podrían vulnerar los derechos de terceros o alterar la convivencia en el entorno virtual, el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial recuerda a la ciudadanía que continúa plenamente vigente la Ley Núm. 7/2024, de 28 de diciembre, por la que se regula el uso de las redes sociales, los delitos informáticos y la ciberdelincuencia en el país.

Dicha normativa fue aprobada con el propósito de establecer un marco legal que garantice un uso responsable de las herramientas digitales, proteja los derechos de los ciudadanos y contribuya al mantenimiento del orden público en el espacio virtual.

En este contexto, las autoridades manifiestan su preocupación por el incremento registrado en los últimos meses de denuncias relacionadas con la difusión de contenidos que podrían constituir delitos de difamación, injurias, calumnias, suplantación de identidad, divulgación de información falsa y otras conductas ilícitas cometidas a través de medios telemáticos.

Aunque las redes sociales representan un instrumento que facilita la comunicación, el intercambio de información y el desarrollo de actividades profesionales y comerciales, el Ejecutivo recuerda que su utilización debe ajustarse en todo momento a la legislación nacional y ejercerse con responsabilidad y respeto hacia los derechos de los demás.

Asimismo, se ha constatado la existencia de usuarios que emplean estas plataformas para difundir, mediante vídeos, audios, textos, fotografías u otros formatos digitales, contenidos ofensivos o carentes de veracidad dirigidos contra el país, sus instituciones, autoridades, personalidades públicas y ciudadanos particulares. Estas prácticas favorecen la desinformación, afectan al honor de las personas y generan consecuencias que repercuten negativamente en la sociedad.

Por otra parte, el Gobierno recuerda que la libertad de expresión constituye un derecho fundamental cuyo ejercicio debe realizarse dentro de los límites establecidos por la ley. En consecuencia, cualquier actuación que contravenga las disposiciones recogidas en la Ley Núm. 7/2024 podrá dar lugar a las actuaciones administrativas y judiciales previstas en el ordenamiento jurídico.

Finalmente, el Ejecutivo hace un llamamiento a toda la población para verificar la autenticidad de la información antes de publicarla o compartirla, evitar la difusión de contenidos falsos o difamatorios y hacer un uso responsable de las redes sociales, favoreciendo una convivencia digital basada en el respeto, la legalidad y la responsabilidad de todos los usuarios.

Del mismo modo, el Gobierno mantiene su compromiso con la protección de los derechos de los ciudadanos, el respeto al Estado de Derecho y la existencia de un entorno digital seguro y acorde con la legislación nacional.

Redacción: Salvador Augusto Nguema MICHA ABUY

Fuente: Primatura del Gobierno.