Anatolio Nzang Nguema revela fraudes y sobornos en el contrato de Wayang Teknical.

Según la Fiscalía General, se ha detectado precios inflados, deficiencias técnicas y sobornos casi 4.000 millones a funcionarios durante la ejecución del proyecto TDT firmado en 2017.

Este Martes, 21 de octubre, en Malabo, el Fiscal General de la República, Anatolio Nzang Nguema, ha ofrecido  una rueda de prensa en la que informó sobre los avances del proceso penal relativo al caso TDT, un escándalo de corrupción que involucra a altos funcionarios públicos y a la empresa Wayang Teknical. Según ha explicado, se han detectado pagos ilícitos superiores a 3.000 millones de FCFA, destinados a funcionarios a cambio de favores y beneficios indebidos durante la ejecución del proyecto de Televisión Digital Terrestre (TDT).

El contrato entre el Gobierno y Wayang Teknical fue firmado el 14 de septiembre de 2017, con un presupuesto inicial de 22.076.577.900 FCFA y una duración prevista de 36 meses. Posteriormente, mediante un adendum sellado el 8 de julio de 2020, dicho monto fue reducido a 20.310.451.668 FCFA, a cambio de compensaciones ofrecidas por el Gobierno.

En dicho acuerdo, se contemplaba el suministro de materiales, la digitalización de las señales de televisión y la formación del personal técnico, con intervenciones previstas en 12 unidades administrativas, entre ellas TVGE Malabo, Pico Basilé, Bata, Akonibe, Añisok, Cogo, Ebibeyin, Evinayong, Mbini, Micomeseng, Mongomo, Nkue y Niefang.

Durante las verificaciones del contrato, la Fiscalía ha detectado presupuestos inflados, materiales de baja calidad y una falta total de supervisión independiente. Además, la empresa Wayang, que según el registro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) no figura como parte del sector especializado, se encargaba ella misma de presupuestar, ejecutar y certificar los trabajos, lo que supone una violación directa de las cláusulas contractuales.

Ppr tanto, de acuerdo con la auditoría realizada el 21 de marzo de 2025, los sobornos pagados a funcionarios públicos ascienden a 1.818.329.682 FCFA en Malabo y 2.179.256.000 FCFA fuera del país, sumando un total de 3.997.585.682 FCFA. Sin embargo, la Fiscalía ha precisado que esta cifra no es definitiva, ya que aún se analizan códigos cifrados que podrían revelar nuevas identidades implicadas.

Asimismo, los técnicos auditores comprobaron que la ejecución del proyecto es deficiente, pues se emplearon materiales obsoletos y, de las 12 estaciones presupuestadas, solo 4 pueden ser recepcionadas tras corregir múltiples fallos. En términos de ejecución financiera, se ha adquirido apenas el 78 % de los materiales previstos, cuyo valor asciende a 3.357.905.245 FCFA, lo que evidencia una incongruencia considerable entre lo presupuestado y lo realizado.

Al comparar este proyecto con experiencias similares en otros países, la diferencia de costos resulta alarmante. Por ejemplo, en Ghana, un proyecto de 40 estaciones ejecutado en 24 meses costó 2.000 millones de FCFA, mientras que en Seychelles, más de 12 estaciones fueron instaladas en 22 meses con un coste de apenas 3,6 millones de FCFA. Esto demuestra, según la Fiscalía, una sobrefacturación evidente en el caso de Guinea Ecuatorial.

En cuanto a la situación procesal, mediante la Resolución N.º 01/2025 del 10 de marzo, el Ministerio Fiscal ordenó la apertura de Diligencias de Investigación Preliminar (DIP), confiando la instrucción del caso a la Gendarmería Nacional. Posteriormente, el 21 de marzo, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Anticorrupción solicitó la busca y captura de José Luis Romero Ruiz, petición que el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Malabo aprobó el 24 de marzo, remitiendo la orden a la Oficina del Grupo Especializado en Notificaciones y Difusiones.

Por otra parte, ante la posible implicación de miembros de la Cámara de Diputados, la Fiscalía General presentó un suplicatorio parlamentario para que algunos fueran llamados a declarar. Como resultado, el 28 de julio, los Honorables Eugenio Nzé Obiang y Jesús María Obiang Obiang comparecieron ante la justicia para ofrecer su testimonio.

No obstante, el Ministerio Fiscal ha manifestado que esta investigación busca garantizar la transparencia, proteger los recursos del Estado y aumentar la rendición de cuentas dentro de la Administración Pública. Con ello, la institución reitera su compromiso firme con la lucha contra la corrupción administrativa y con la defensa del interés nacional.

Redacción: Salvador Augusto Nguema MICHA ABUY

Fuente: AhoraEG.