La Gendarmería destapa un esquema irregular de permisos de conducir en Tráfico Rodado y Seguridad Vial

Las pesquisas revelan que los implicados imprimían cartulinas al margen de CNEDOGE en una imprenta privada para luego venderlas a los ciudadanos.

Una operación de la Gendarmería Nacional ha destapado un presunto esquema irregular de producción y comercialización de permisos de conducir en Guinea Ecuatorial al margen del sistema oficial de emisión de documentos. A raíz de estos hechos, el Vicepresidente de la República, S.E. Nguema Obiang Mangue, ha ordenado el arresto de la cúpula de Tráfico Rodado y Seguridad Vial, además de la suspensión inmediata de sus funciones y salarios.

Entre los implicados figuran el Director General de Tráfico, los Delegados Regionales y sus respectivas secretarias, quienes permanecerán apartados de sus cargos mientras se esclarecen los hechos.

Según el informe preliminar presentado por la Gendarmería durante una reunión celebrada en la Vicepresidencia, los responsables habrían organizado un sistema paralelo de emisión de permisos de conducir de categoría “B”, utilizando cartulinas impresas por una imprenta privada vinculada a ellos mismos.

Las investigaciones indican que el grupo adquiría las cartulinas a un coste de 5.000 francos CFA en dicha imprenta y posteriormente vendía los permisos a los ciudadanos por 35.000 francos CFA. De acuerdo con las primeras pesquisas, parte del dinero debía ingresar en la Tesorería General del Estado, mientras que el resto era repartido entre los implicados.

El esquema operaba al margen del Centro Nacional de Emisión de Documentos Oficiales (CNEDOGE), organismo que, conforme a la legislación vigente, es la única institución autorizada para la producción de este tipo de documentos.

Los investigadores señalan que este sistema habría comenzado a funcionar en 2021, aunque no existen registros estadísticos oficiales sobre el volumen de permisos emitidos durante los primeros años. Los únicos datos disponibles corresponden a 2025, cuando se contabilizó la impresión de 947 cartulinas de permisos de conducir entre las ciudades de Malabo y Bata.

Las pesquisas también han permitido reconstruir el origen de la situación, en este sentido, la normativa vigente en Guinea Ecuatorial establece que el permiso de conducir oficial tiene una validez de 10 años, aunque posteriormente este periodo se redujo a cinco años debido a la baja demanda. En 2021, a propuesta de la Dirección General de Tráfico, el Ministerio del Interior solicitó al entonces Primer Ministro, Pascual Obama, autorización para emitir permisos con una vigencia de un año, petición que fue finalmente aprobada.

Tras obtener esta autorización, la Dirección General de Tráfico contrató a una imprenta privada para producir las cartulinas que, según el procedimiento previsto, debían ser posteriormente validadas y comercializadas a través de la Tesorería General del Estado. Sin embargo, fuentes del Tesoro Público han señalado que nunca recibieron dichas cartulinas para su gestión.

De acuerdo con el informe de la Gendarmería, el grupo que operaba en Malabo; formado por el Director General de Tráfico, el Delegado Regional y una secretaria, se encargaba de gestionar la producción de las cartulinas, vender los permisos a los solicitantes y, supuestamente, ingresar 20.000 francos CFA al Tesoro Público por cada documento emitido, repartiéndose el resto de los beneficios.

En el caso de Bata, el Delegado Regional y su secretaria habrían aplicado un procedimiento similar, aunque según las investigaciones se quedaban con la totalidad del dinero recaudado, lo que, en función del número de expedientes tramitados, habría generado ingresos de varios millones de francos CFA.

Aunque los responsables del grupo de Malabo aseguran haber ingresado parte del dinero en las arcas del Estado, el Vicepresidente de la República ha instruido a la Gendarmería Nacional y a la Tesorería General para verificar estas afirmaciones y determinar el monto real que pudo haber sido depositado.

Mientras avanzan las investigaciones, todos los implicados permanecen suspendidos de sus funciones y salarios como medida cautelar hasta que se esclarezca completamente el caso.

Redacción: Aitor Reinaldo NZANG MAKOSSO.

Fuente: Gabinete de Prensa e Imagen de la Vicepresidencia de la República.