El Gobierno da 15 días a los que vivían en los terrenos expropiados en Sipopo, para presentar su documentación.

El Ministerio de Obras Públicas ha confirmado que ciudadanos compraron terrenos expropiados de forma ilegal y ha abierto un proceso de regularización.

El Ejecutivo ha reconocido este martes, 17 de junio, la existencia de una estafa que ha afectado a numerosos ciudadanos en la zona de Sipopo, donde se vendieron de forma ilegal terrenos que ya habían sido expropiados por el Estado. El Ministerio de Obras Públicas, en colaboración con el Ministerio de Ordenación de Tierras, ha dado un plazo de dos semanas a los afectados para que presenten toda la documentación que acredite la supuesta compra, condición imprescindible para poder acceder a una posible regularización o reubicación.

“El Gobierno reconoce que la población fue engañada. Pero solo podemos actuar si contamos con los documentos que prueben la ocupación o la transacción”, ha afirmado el Ministro de Estado de Obras Públicas, Clemente Ferreiro Villarino, durante una comparecencia ante los medios en Malabo II. Según ha detallado, se está iniciando un proceso de evaluación caso por caso con el objetivo de verificar la legitimidad de las reclamaciones y estudiar soluciones que podrían incluir parcelas legales o viviendas dignas.

No obstante, el Gobierno ha dejado claro que no se protegerá ni compensará a quienes no colaboren con el proceso administrativo. “No vamos a retrasar todo por unos pocos que no presentan su expediente”, ha advertido el ministro. La intención es transformar los asentamientos precarios en espacios urbanizados y seguros, pero para lograrlo, se requiere organización y claridad en la identificación de los verdaderos afectados.

Por su parte, el ministro de Ordenación de Tierras ha informado que ya se han iniciado acciones legales contra los autores de las ventas fraudulentas. En muchos casos, se trata de personas que habían recibido compensaciones por la expropiación de sus terrenos, pero que luego, de forma deliberada, los revendieron a terceros. “Vendieron algo que ya no era suyo. Eso es delito y la justicia actuará”, ha remarcado.

El Gobierno también ha exhortado a las víctimas a denunciar formalmente a quienes los han estafado, recordando que el Estado no recibió dinero alguno por esas operaciones ilegales. “No se puede permitir que alguien venda lo que no le pertenece y quede impune”, ha concluido Ferreiro Villarino.

Redacción: Aitor Reinaldo NZANG MAKOSSO