La Cámara baja analiza la ley del funcionamiento del Tribunal de Cuentas

En la sesión parlamentaria se ha presentado la ponencia sobre organización y funciones del órgano de fiscalización del Estado como pilar de la gestión de fondos públicos.

La Cámara de los Diputados ha acogido la presentación de una nueva ponencia en el marco del estudio de la proposición de ley del funcionamiento del Tribunal de Cuentas, iniciativa que se analiza conforme al procedimiento previsto en el reglamento interno de esta institución parlamentaria para la tramitación de proposiciones legislativas.

La exposición del documento ha estado a cargo del magistrado y presidente de la sala de fiscalización del Tribunal de Cuentas, Muakuku Rondo Igambo, quien ha explicado ante los diputados distintos aspectos relacionados con la actividad y organización de este órgano constitucional.

Durante su intervención, el ponente ha abordado especialmente los capítulos relativos a la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, la obligación de rendir cuentas como uno de los pilares fundamentales del control público, así como los procedimientos destinados a supervisar la gestión del patrimonio del Estado.

En el contenido de la proposición también se recogen disposiciones sobre los órganos de jurisdicción contable, las competencias de los magistrados del Tribunal de Cuentas y las relaciones institucionales que mantiene esta entidad con otros tribunales.

En lo referente a su función fiscalizadora, se subraya que el Tribunal de Cuentas desarrolla una labor de carácter técnico basada en los principios de legalidad y eficiencia, apoyándose en fuentes de información verificables, procedimientos de control y técnicas de auditoría adecuadas para garantizar la correcta gestión de los recursos públicos.

Asimismo, durante los procesos de investigación o examen de cuentas, los magistrados del Tribunal podrán requerir información o escuchar a responsables de servicios y organismos sometidos a control, así como a gestores de fondos públicos, dirigentes de empresas públicas o privadas y miembros de instituciones vinculadas a la administración de recursos del Estado.

La iniciativa legislativa también contempla que, cuando las comunicaciones o informaciones se refieran a cuestiones confidenciales o a datos sensibles relacionados con la gestión de empresas contratadas por entidades públicas, el Tribunal de Cuentas deberá adoptar las medidas necesarias para preservar el carácter reservado de sus investigaciones y observaciones.

Otro de los aspectos destacados en la proposición es la rendición de cuentas, definida como un deber inherente al cargo y una obligación de orden público para todos aquellos responsables de la gestión de fondos públicos. En este sentido, el texto fija los procedimientos para la tramitación de expedientes, la elaboración de informes, las deliberaciones internas y la intervención de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que emite sus apreciaciones tras la adopción de los informes por parte del pleno.

Además, el proyecto establece el deber de colaboración con esta institución por parte de todas las personas físicas y jurídicas que reciban subvenciones, créditos u otras ayudas provenientes del sector público, así como las consecuencias que pueden derivarse del incumplimiento de esta obligación.

La proposición regula igualmente los procedimientos y plazos para la rendición de cuentas, las competencias de los órganos de jurisdicción contable y los límites de su actuación.

Al tratarse de un órgano que emana del Parlamento, los diputados tienen la responsabilidad de dotar al Tribunal de Cuentas de un marco legal que le permita ejercer eficazmente su función de control y fiscalización de los recursos públicos. Por este motivo, la Cámara ha asumido el análisis de esta proposición de ley en el marco del procedimiento establecido por su reglamento interno.

La sesión se ha desarrollado bajo la moderación de la vicepresidenta primera de la Cámara de los Diputados, María Pelagia Abeso Tomo Nguema. Durante el debate, los diputados han planteado diversas dudas sobre el alcance de la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas y los resultados de sus investigaciones, cuestiones que han sido aclaradas por el magistrado ponente.

Redacción: Aitor Reinaldo NZANG MAKOSSO.

Fuente: Guinea Ecuatorial Press.